El crecimiento de la demanda de transporte y la competitividad económica han motivado en América Latina el aumento de la inversión en infraestructura de transporte y el desarrollo de megaproyectos. Esto está ocurriendo en países como Brasil, Colombia, Panamá y México por solo nombrar algunos.
Los grandes proyectos o megaproyectos se han definido de distintas maneras en la literatura y en general se describen como proyectos que se caracterizan por: altos impactos y riesgos a nivel social, ambiental, institucional, económico, técnico, político y financiero; grandes inversiones; largos plazos; baja frecuencia de ocurrencia; y alta visibilidad política. Se consideran indispensables para la competitividad de un país, permitir su conectividad interna y con el resto del mundo, garantizar el bienestar de la población y la sostenibilidad en el tiempo de los estándares de calidad de la infraestructura.
En América Latina se hacen evidentes las necesidades de transporte tanto en las ciudades como a nivel interurbano. Por otra parte los pronósticos de la economía atraen la atención de los planificadores, tomadores de decisión e inversionistas pues a diferencia de otras regiones del mundo se siguen previendo tendencias crecientes. Aunque la mayoría de las áreas urbanas con más de 10 millones de habitantes se ubican en Asia, en América Latina hay verdaderas megaciudades como Buenos Aires, Sao Paulo, Rio de Janeiro y Ciudad de México; otro grupo está cerca con poblaciones entre 5 y 10 millones (Bogotá, Lima y Santiago); esto implica retos crecientes en la provisión de infraestructura y servicios de transporte. Se espera que el crecimiento poblacional anual de las zonas urbanas se mantenga en 2% por lo menos en los próximos cinco años y que cada nuevo habitante, según datos del Observatorio de Movilidad Urbana de CAF, contribuya con dos viajes adicionales al día.
En infraestructura de transporte los países de América Latina invierten en promedio 0,7% del PIB según datos de la CEPAL, pero cabe resaltar los esfuerzos de varios gobiernos por aumentar este número y desarrollar grandes proyectos. Brasil y Colombia merecen atención especial por ser países altamente poblados, de gran extensión y con economías importantes, pero rezagados en infraestructura de transporte de acuerdo con calificaciones internacionales. En Colombia se ha declarado un plan de inversión ambicioso para cambiar drásticamente la oferta de carreteras, modo predominante para la movilización de pasajeros y carga. En Brasil además del plan de carreteras se incluye un programa de inversiones en ferrocarriles nunca antes visto. Esto debería generar impactos positivos en la calidad de los servicios de transporte, en seguridad vial y accesibilidad.
En agosto de 2012 el gobierno de Brasil presentó un plan para los próximos 25 años que incluye inversiones por cerca de USD 20 billones en 7.500 km de carreteras y USD 40 billones en 10.000 km de vías férreas concesionadas. Algunos de los grandes proyectos carreteros son: BR 101, BR 262, BR 060/153/262. Además, está en el horizonte la construcción del primer tren de alta velocidad de la región que conectaría las ciudades de Campinas, Sao Paulo y Río de Janeiro.
Por su parte, Colombia se propone pasar la inversión anual en infraestructura de transporte de 1 al 3% del PIB en un plazo de 3 años. Esta meta está enmarcada en la nueva ley que regula las Asociaciones Público-Privadas y materializada en una inversión de USD 23.000 millones en 8.000 kilómetros de carreteras, dentro de los cuales están proyectos como Autopistas de la Prosperidad. Otros grandes proyectos que se desarrollan en el país son: la Ruta del Sol y la Transversal de las Américas, y se habla de conexión férrea entre el Océano Pacífico y el Atlántico en el mediano plazo.
Además, en México y Chile se habla de grandes proyectos de carreteras concesionadas y autopistas urbanas, así como de conexiones férreas de gran importancia como son las de Toluca, Puebla y Querétaro a la Ciudad de México.
Estos megaproyectos de gran envergadura y complejidad representan importantes retos para la región en términos de las estructuras institucionales de los países, las capacidades técnicas al interior de los gobiernos y del sector privado en los procesos de estructuración e implementación, el manejo de las relaciones con el sector privado y otros actores involucrados y las capacidades empresariales.
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